19 de Diciembre 2017

"Mentirle al país es pues causal de incapacidad moral, puesto que es evidente que estos hechos denigran la imagen presidencial".

Por: Alejandro Muñante

Director de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia

En un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral no se discute si el Presidente cometió algún acto de corrupción o de infracción constitucional durante su gestión -ya que eso sería materia de un antejuicio y no de un juicio político- sino más bien lo que se ventila es la conducta ética del Presidente. En efecto, se cuestiona aquellos actos que devienen en una falta grave a la ética y la moral, que en su condición de Jefe de Estado y en quien recae la función de dirigir la política general del gobierno, sería imperdonable que ocurra. En este sentido, es preciso citar lo dicho por el profesor Abraham García Chávarri en su tesis “La vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República” donde afirma: “Conviene distinguir la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial de la acusación constitucional contra el presidente de la República por la causal de infracción de la Constitución”.

Si bien la incapacidad moral se encuentra contemplada en el inciso 2 del Art. 113 de la Constitución Política del Perú, sin embargo no existe una ley que la desarrolle; pues la norma en mención sólo se limita a señalar que se trata de una condición de carácter permanente y que debe ser declarada por el Congreso. Ante esto, tampoco creo que exista una imperiosa necesidad de regularla, porque de ser así, tendríamos una norma que sólo esté orientada en señalar que la incapacidad moral viene a ser aquella declaración de invalidez para el cargo, producida por toda conducta premeditada que sea contraria a la reglas de la moral y la ética, y eso a mi parecer, no requiere de mayor análisis.

Por esa razón, considero que, la falta a la verdad en la que incurran las declaraciones públicas del Presidente de la Nación, constituye una grave afectación al prominente grado de honorabilidad que su alta investidura demanda. Así, esa falta a la verdad, debe ser analizada desde la coyuntura política en la que nos encontramos, para poder determinar, cuan comprometida estaría su credibilidad ante la opinión pública, sobre todo en aquellos casos donde exista mayor grado de sensibilidad en la población. Está claro que no será lo mismo si el Presidente miente sobre su patrimonio, que si miente sobre sus vínculos con una empresa envuelta en grandes casos de corrupción a nivel internacional. Mentirle al país en este último caso concreto es pues causal de incapacidad moral, puesto que es evidente que estos hechos denigran la imagen presidencial.

Corresponde ahora, a los congresistas -no a los jueces- elegidos por voluntad popular, el cual les otorga una alto grado de discrecionalidad, decidir sobre ese asunto. Decisión que será enteramente política y no jurídica, ya que, como señala el Profesor Walter Robles Rosales, no es un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno inconveniente para el Estado. Ahora bien, para ello, existe un debido proceso, y es el que dispone el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Por tanto, al no ser un proceso de naturaleza judicial, no entra a tallar las reglas jurisdiccionales, sino cuestiones netamente políticas, tal como lo reconociera el Tribunal Constitucional en el Exp. 0006-2003-AI/TC.

Finalmente, si bien la propuesta de desarrollar un marco legal claro y preciso que desarrolle los supuestos para saber cuándo estamos frente a una incapacidad moral del Presidente -tarea difícil, dada la naturaleza bastante subjetiva del concepto- no me parece tan descabellada, qué duda cabe que una de las acciones a tipificar como causal de esa incapacidad sería precisamente el negar los vínculos con algún personaje u organización ligada a la corrupción ante una comisión investigadora Ad Hoc, o por el supuesto de habérsele descubierto actos de corrupción cuando era funcionario público con anterioridad a su elección. Ante estos hechos, estamos seguros que nadie objetaría en descalificar a cualquier Presidente que posterior a su elección, se le descubra anteriores actos de corrupción que fueron maliciosamente ocultados.

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