17 de Octubre 2017

PROMSEX y las demás ONGs en su afán por imponer las políticas de género, han encubierto las observaciones del Estado Peruano sobre "derechos sexuales".

Por: Gustavo Gutiérrez Ticse

El anuncio de PROMSEX de exigir al Estado Peruano que implemente políticas abortivas, y beneficios en favor de los homosexuales como consecuencia de la suscripción de tratados internacionales, es una media verdad.

El Estado peruano es tributario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos instrumentos son fundacionales del derecho internacional de los derechos humanos. Y estos instrumentos internacionales se suscriben a la concepción clásica de los sexos, la vida, y la familia heterosexual. Ello, como es obvio, no implica cautelar los derechos de las minorías, pero en ningún caso, impone al Estado suscribirse al concepto ideológico de género y su implementación absoluta. Eso es inconstitucional.

Lamentablemente PROMSEX y las demás ONGs impulsoras de esta postura en su afán por imponer las políticas de género, han encubierto las observaciones del Estado Peruano a los tratados en esta materia. Por ejemplo,  ante la suscripción de la Plataforma de Acción de Beijing en 1994, que para los impulsores de la doctrina de género resulta una especie de Biblia, han obviado dolosamente la reserva del Estado Peruano:

(E)n concordancia con la posición asumida en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, así como en la Sexta Conferencia Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, la delegación del Perú desea expresar su reserva interpretativa respecto de los siguientes puntos:

La comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. El origen esencial de la familia y el matrimonio lo constituye la relación personal que se establece entre hombre y mujer. El derecho a la vida y la consideración del concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece constituyen derechos fundamentales de la persona.

 En consecuencia, los conceptos referidos a "salud reproductiva", "derechos reproductivos" y "salud sexual o reproductiva" en la Plataforma de Acción no pueden incluir al aborto como método de regulación de la fecundidad o de planificación familiar. Los conceptos referidos a la política de población deben ser entendidos siempre dentro de la protección y promoción de la familia y el matrimonio, y de la paternidad y maternidad responsable y la libertad de la familia y de la persona a decidir. Se entiende que los derechos sexuales están referidos solamente a la relación heterosexual. Los criterios en materia de asignación de recursos establecidos no pueden entenderse en modo alguno limitativos del derecho que corresponde a los gobiernos para acceder a tales recursos. La referencia a derechos "existentes" de propiedad intelectual en materia de conocimientos, innovaciones y prácticas de las mujeres de las comunidades indígenas y locales, incluidas las prácticas relativas a medicinas tradicionales, la diversidad biológica y las tecnologías indígenas, en modo alguno puede significar limitación a los derechos que conforme a la legislación.”

Como se observa, dicha reserva, ocultada por intereses subalternos, pone un freno a las políticas de implementación de la ideología de género, lo cual por cierto no es una puerta para la exclusión de las minorías, pero sí para evitar trastocar los principios y valores ideológicos que forman el Estado democrático liberal y el nacimiento de la era de los derechos.

En ese sentido, no se puede exigir al Estado Peruano, ni siquiera en los predios internacionales, la implementación de políticas que no han sido recepcionadas pacíficamente por nuestro ordenamiento jurídico. Hace falta evaluar todos estos instrumentos para verificar su constitucionalidad, y de ser el caso, efectuar las modificaciones constitucionales que sean necesarias para compatibilizarlas con el modelo cultural del Perú.

 De lo contrario, estamos en una clara tensión entre disposiciones no superiores, sino de igual jerarquía, que, como Estado soberano tenemos el deber de resolver conforme con la Constitución.

 Ello no implica tal como lo hemos expuesto, que no se promuevan políticas en favor de los derechos de las mujeres, y de las minorías, sino el resguardo de aquellas convicciones culturales de las mayorías. De eso se trata la democracia precisamente.

 

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