16 de Octubre 2017

Lo que diga la ley y la ciencia ya no es determinante al calificar los hechos concretos, puesto que ahora éstas se subordinaran a la subjetividad de la persona.

Por: Alejandro Muñante Barrios

Así como lee, y es que para el abogado de un joven transexual que quiso poner una denuncia por supuesto intento de feminicidio en su contra ante la comisaria de su sector, es “retrógrada” que los policías se hayan negado a recibir la denuncia, ante la evidencia palpable que la víctima no era una mujer.

Esta desatinada afirmación del letrado, no hace más que confirmar que ante una colonización ideológica imperante, lo que diga la ley y la ciencia ya no es determinante al calificar los hechos concretos, puesto que ahora éstas se subordinaran a la subjetividad de la persona.

En efecto, el principio de legalidad en el ámbito del Derecho penal, comprende la exigencia de la existencia de una ley previa y de que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. El principio de tipicidad aparece de este modo como una vertiente del mencionado principio de legalidad, exigiendo que las conductas prohibidas estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad la conducta proscrita y sus consecuencias.

Cabe decir, que el reportaje realizado a este caso, muestra las imágenes de una supuesta agresión que no llega a visibilizar con claridad la presencia de algún moretón, y sólo se aprecia las amenazas realizadas por el agresor. Es decir, no sólo se pretende que se vulnere el principio de tipicidad y legalidad al darle la condición de mujer a un hombre que padece disforia de género, máxime si en su DNI figura como sexo masculino, tal como corresponde a la realidad, sino también que una mera amenaza califique como tentativa de un delito contra la vida.

Por esa razón, resulta a todas luces violatorio tanto del principio de legalidad como del principio de tipicidad, la “construcción” de tipos sancionatorios que dejen a la autoridad, la determinación antojadiza del contenido de la prohibición. Ojalá nuestras autoridades con un acertado criterio de razonabilidad, sepan defender  siempre nuestra seguridad jurídica y no cedan ante el bullying mediático.

Por tanto, este hecho, en caso de confirmarse la agresión, debe calificarse como una falta contra la persona, conforme lo establece nuestro código penal.  Aunque a mi parecer, esto no es más que un burdo teatro para "concientizar" a favor de un lobby con nombre propio, como lo es la nociva Ley de Identidad de Género y la aberrante Ley de los Crímenes de Odio.

Habrá que advertir que esta última ley, que ya cuenta con un predictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, plantea entre otros desvaríos, la causal de discriminación por identidad de género, y además plantea en su primera disposición complementaria que el Poder Ejecutivo deberá capacitar a la Policía Nacional del Perú para el adecuado tratamiento de las denuncias por las faltas y delitos cometidos por motivos de discriminación, y con “especial énfasis en aquella que tenga por causa la orientación sexual y la identidad de género”. Es decir, las denuncias por estos casos tendrán atención preferente frente a la denuncia de cualquier otro delito, incluyendo aquellos que afecten a los niños.

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